Política de vivienda

La política de vivienda se enmarca dentro de los objetivos generales de la política económica y, al mismo tiempo, contribuye a fortalecer otras políticas sociales.

Así, no sólo pretende coadyuvar a la consecución de los fines de la política de empleo, facilitando la movilidad geográfica y laboral a través del fomento de la vivienda en régimen de alquiler, sino que también contribuye al logro de objetivos de políticas como la de cohesión social, favoreciendo el acceso a una vivienda digna a los grupos de población con menores ingresos, o las de protección de la familia, los mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad.

La política de vivienda se desarrolla mediante dos líneas básicas de actuación:

• La definición de un marco legislativo general.
• Medidas de apoyo a la financiación de la vivienda, indirectas en el caso de la política fiscal y directas las de los planes estatales de vivienda.

La competencia propia del Estado en lo relativo a la planificación general de la actividad económica fundamenta su capacidad para actuar en este sector a través de planes plurianuales de vivienda, cuya aplicación, adaptada a la diversidad y necesidades de cada territorio, corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, dentro del marco común consensuado y de los límites de los recursos presupuestarios aportados por el Estado.

Los planes establecen medidas de financiación de apoyo a las distintas formas de acceso a la vivienda: compra, alquiler, rehabilitación,...

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 tiene los siguientes principios:

• Sencillez, transparencia y claridad de la política de vivienda.
• Orientación a las necesidades de los ciudadanos.Fomento del alquiler.
• Vertebración y cooperación territorial en el diseño y ejecución de las políticas de vivienda estatales.
• Flexibilidad en los medios de ejecución y gestión de políticas estatales por las administraciones autonómicas.
• Rehabilitación de zonas degradadas y remodelación de barrios a través de convenios tripartitos que aseguren la financiación de programas transversales y específicos de interés social.
• Evaluación y control del gasto público.
• Automatización (informatización) máxima de las tareas de gestión del Plan.